El Decreto 143, vigente desde finales de 2025, permite a trabajadores privados vender alimentos del campo, buscando abastecer los hogares mientras el gobierno regula precios y contratos. 

A finales del año 2025, la administración aprobó el Decreto 143. Esta normativa elimina el control exclusivo de comercialización que mantenía Acopio desde mediados del siglo XX. Nuevos actores podrán vender productos agrarios directamente.

La medida permite a cooperativas y pequeñas empresas privadas comprar y vender comida del campo. Esto busca llevar más viandas a las tarimas de los mercados locales. Los ciudadanos compran allí su sustento diario.

A pesar del permiso de venta, el Estado mantiene control sobre el proceso. Entidades como el Ministerio de Agricultura verifican la calidad de los alimentos. También deciden el destino de las cosechas.

El gobierno se encarga de fijar los precios y aprobar los contratos agrícolas. Los vendedores privados necesitan una autorización formal previa para realizar estas tareas. Deben usar cuentas bancarias específicas para registrar sus tributos fiscales.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Planificación coordina estas dinámicas comerciales. Los gobiernos locales gestionan las cantidades de mercancía en sus municipios. De este modo, el modelo agrícola preserva estrictas reglas operativas.

Esta legalización ocurre en un periodo de grandes dificultades para los campos productivos. La obtención de alimentos elementales experimenta una caída superior al 40 por ciento. Esto equivale a perder casi la mitad de los alimentos que habitualmente se lograban producir.

Instituciones globales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura monitorean estos retos. La disminución afecta renglones como huevos y leche. Las familias notan profundamente esta ausencia en sus hogares.

El antiguo sistema estatal acumuló fuertes deudas económicas con los campesinos durante mucho tiempo. Este atraso en los pagos dejó a los agricultores sin dinero para reinvertir. Actuó como una barrera que paralizó la siembra en campos fértiles.

Debido a esta morosidad, los labriegos se quedaron sin fondos para adquirir fertilizantes. Sin aplicar nutrientes en la tierra, las cosechas rinden volúmenes extremadamente bajos. Este ciclo perjudicial genera pérdidas considerables para el productor primario.

Desde el año 2021, las autoridades aplican diversas normativas para intentar potenciar el rendimiento. Modificaron las reglas de distribución e implementaron planes para asegurar el sustento local. Sin embargo, este conjunto de medidas no logra frenar el descenso productivo.

La administración reconoce que la escasez de ofertas eleva el costo de la vida. Aumentar la cantidad de alimentos en las placitas resulta esencial para detener la inflación. Los especialistas advierten que revertir este panorama tomará un tiempo prolongado.

El Decreto 143 constituye un intento de reactivación comercial al fragmentar un monopolio antiguo. Habilita canales alternativos para acercar los productos agrícolas a una población con dificultades de abastecimiento. No obstante, las fuertes regulaciones vigentes condicionan el éxito de esta recuperación agraria.

<sub>Redacción asistida por Centauro IA , plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Lombao Estudios 

Fuente: CubaNoticias 360</sub>