Las inversiones económicas tienen un papel determinante en el crecimiento y desarrollo económico de un país, ya que posibilitan transformar la estructura económica desde la ampliación y modernización de capacidades productivas, el fomento de exportaciones, la sustitución de importaciones y, consecuentemente, aumenta el nivel de vida de su población.

No obstante, esto no se consigue de manera espontánea. Hay que conducir los procesos correctamente con altos niveles de eficacia y equilibrio entre las inversiones sociales y las que se crean para generar ingresos, teniendo en cuenta que las segundas son las que sostienen a las primeras. 

Ello significa que, para poder construir y reparar escuelas, hospitales, redes hidráulicas y demás obras sociales es preciso obtener una mayor cantidad de utilidades e impuestos de la esfera productiva y de servicios, en pos de que ese gasto social y de infraestructura sea sustentable. Es, en este punto, donde priorizar nuestra capacidad hotelera (idea pensada para incrementar los ingresos externos por servicios turísticos del país) o las inversiones en las industrias siderúrgica, petrolera, niquelífera, azucarera, agroalimentaria y biofarmacéutica se hace de imprescindible necesidad. 

Aquellas que aumenten la producción de alimentos y los bienes y servicios destinados a la población también serán priorizadas, así como las que incrementen las capacidades de generación con fuentes renovables de energía.

En 2023, de acuerdo con el informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las inversiones del sector estatal civil crecieron en casi un 36%. Dicho informe subraya, asimismo, que el incremento con respecto al año 2022 fue significativo pero tales resultados no pueden acomodarnos sino que hay que seguir trabajando en avanzar muchísimo más desde un uso más racional y eficiente de los recursos.

Hay que poner la divisa donde haga más falta y dé mejor rentabilidad.