El Gobierno cubano ha introducido cambios significativos en la regulación del sacrificio y la comercialización de carne de res y de caballo.

La Resolución 162/2026 del Ministerio de la Agricultura, publicada el 25 de agosto en la Gaceta Oficial, sustituye la normativa vigente desde 2021 y abre nuevas posibilidades para los productores agropecuarios.

La medida establece que tanto personas naturales como jurídicas propietarias de ganado bovino y équidos podrán sacrificar sus animales, consumir la carne y comercializarla en destinos autorizados. Sin embargo, no se trata de un permiso irrestricto: los animales deberán estar inscritos en los registros oficiales, cumplir con las normas de sanidad y alcanzar los pesos mínimos exigidos.

En el caso de los bovinos, los toros deberán superar los 370 kilogramos y los toretes los 300, mientras que vacas y novillas no aptas para reproducción podrán sacrificarse bajo condiciones específicas. Para los équidos, el sacrificio será voluntario y sin tasa de extracción, aunque los caballos adultos deberán pesar al menos 280 kilogramos y las hembras no aptas para reproducción 250.

El proceso deberá realizarse en mataderos o losas autorizadas, siempre bajo inspección veterinaria y con el certificado correspondiente. Los productores tendrán derecho no solo a la carne, sino también a los subproductos derivados como cuero, sangre y vísceras. En cuanto a los precios, la normativa introduce la figura de “acuerdos entre las partes”, lo que abre la puerta a negociaciones directas y a una mayor diversidad de mercados.

Este cambio normativo tiene un doble impacto. Para los productores, representa una mayor autonomía y acceso a canales de comercialización que antes estaban restringidos. Para los consumidores, puede significar una oferta más amplia de carne y derivados, con precios pactados que podrían resultar más competitivos. Además, el énfasis en la inspección sanitaria busca garantizar la calidad e inocuidad de los productos que llegan a la mesa.

La Resolución 162/2026 entrará en vigor 30 días después de su publicación, es decir, a finales de septiembre. Su aplicación marcará un nuevo escenario para el sector agropecuario cubano, donde la combinación de mayor libertad para los productores y controles sanitarios más estrictos podría dinamizar la economía rural y mejorar el acceso de la población a productos cárnicos.