El Gobierno cubano publicó su primera Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, una normativa que busca modernizar el sistema científico nacional y ampliar la participación de empresas privadas en proyectos de investigación y desarrollo. La legislación introduce un marco formal para las alianzas público-privadas y nuevas vías de financiamiento en un contexto marcado por la profunda crisis económica que atraviesa el país.

La Ley 182/2025, publicada el lunes 9 de noviembre en la Gaceta Oficial de la República, entrará en vigor 60 días después de su publicación. Entre sus principales novedades figura el reconocimiento de las empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El viceministro del sector, Daimar Cánovas, explicó que uno de los propósitos de la normativa es incrementar la participación de los diferentes actores económicos en los proyectos científicos, tanto estatales como privados. Según señaló, una mayor incorporación de la innovación en las actividades productivas podría contribuir a acelerar el desarrollo del país.

Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de crear empresas de base tecnológica mediante alianzas entre entidades públicas y privadas. La legislación también contempla mecanismos de financiamiento como el capital semilla y los fondos de riesgo, además de autorizar la creación de empresas sustentadas en patentes y marcas para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Asimismo, la nueva disposición respalda los contratos entre instituciones estatales y empresas privadas que contemplen el pago de regalías y la comercialización de paquetes tecnológicos. De esta manera, se pretende facilitar que los resultados de investigaciones científicas puedan convertirse en productos, servicios y oportunidades de negocio.

La normativa también busca fortalecer los vínculos entre universidades, centros de investigación y el sector empresarial, con el objetivo de trasladar los avances científicos al ámbito productivo y contribuir a resolver problemas económicos y sociales.

La publicación de esta ley forma parte de un paquete de 176 reformas impulsadas por las autoridades cubanas para introducir cambios en diferentes sectores de la economía y ampliar la participación de los actores no estatales. Según cifras oficiales, en Cuba funcionan actualmente más de 16.000 empresas privadas.

Sin embargo, la apertura también plantea desafíos relacionados con el financiamiento, las condiciones materiales de los centros de investigación y la permanencia del personal científico en el país, en medio de la crisis económica y la emigración de profesionales.

La entrada en vigor de la legislación coincide, además, con la reorganización de la estructura gubernamental que contempla la integración del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) con el Ministerio de Educación Superior. Las autoridades aseguran que este proceso se desarrollará gradualmente y no impedirá la implementación de la nueva normativa.

Con esta legislación, Cuba busca otorgar un mayor protagonismo a la innovación y al conocimiento como herramientas para el desarrollo económico, al tiempo que incorpora al sector privado en un ámbito que históricamente estuvo concentrado en instituciones estatales.