Autoridades cubanas confirmaron la captura de Kenier Ávila Ramírez, identificado como presunto responsable del homicidio de una niña de nueve años ocurrido el pasado 20 de junio en el consejo popular Grito de Yara, municipio Río Cauto, en la provincia de Granma.

Según información publicada por el Ministerio del Interior (Minint) y replicada por medios estatales como La Demajagua y Granma, el detenido posee un largo historial de antecedentes penales y policíacos. El crimen habría tenido lugar en el hogar de la menor, quien se encontraba bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Las investigaciones señalan que el presunto autor del hecho era un conocido de la familia y residía en la misma zona.

La menor, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, ha sido identificada como Orlis Daniela por la plataforma feminista Alas Tensas, que sostiene que la niña era hija de Yusmila Mayo Ruiz, víctima de un feminicidio en 2024 en la provincia de Las Tunas. El colectivo denuncia que la niña y sus hermanos fueron quienes encontraron el cuerpo de su madre el año pasado, y señalan la ausencia de medidas de protección institucional tras ese hecho.

El asesinato ha generado conmoción y repudio tanto en la comunidad local como en redes sociales. Diversas organizaciones sociales han calificado el hecho como un "feminicidio social", en referencia al contexto de violencia estructural y a la supuesta falta de un sistema eficaz de protección para niñas y niños huérfanos por feminicidios.

Aunque el Minint no ha precisado públicamente la fecha exacta de la detención, confirmó que sobre Ávila Ramírez recaerá “todo el peso de la ley”. De acuerdo con el Código Penal cubano, el homicidio de una menor de edad en circunstancias agravadas puede acarrear penas que van desde los 20 años de prisión hasta la privación perpetua de libertad o la pena de muerte.

Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, comprometiéndose a garantizar la protección de la infancia bajo principios como el humanismo, la justicia social y la dignidad, valores sobre los que las autoridades han asegurado actuarán con el máximo rigor legal en este caso.