Un grupo de cinco Estados de la Unión Europea —Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos— impulsa la creación de centros de retorno para migrantes fuera del territorio comunitario. El primero de estos centros debería empezar a funcionar en el segundo semestre de 2027, coincidiendo con la presidencia griega del Consejo de la UE.

Así lo anunció el ministro griego de Migración, Thanos Plevris, quien señaló que un país africano ya habría aceptado participar, aunque no reveló cuál. Medios próximos a la UE han mencionado a Ruanda, Uganda y Uzbekistán como posibles ubicaciones.

Instalaciones abiertas, no centros cerrados

Plevris subrayó que no se trataría de centros cerrados donde se examinen solicitudes de asilo, sino de instalaciones para personas cuya petición ya haya sido rechazada. Serían "instalaciones abiertas" en las que los migrantes permanecerían mientras se organiza su retorno definitivo a su país de origen.

Para prevenir demandas por violaciones de derechos humanos, la responsabilidad sobre las personas trasladadas seguiría correspondiendo a los cinco Estados de la UE y no al país asociado. Estos financiarían íntegramente el proyecto. Además, organizaciones como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones supervisarían los centros para garantizar estándares internacionales.

Intentos anteriores fallidos

En los últimos años ha habido varios proyectos similares que no funcionaron como estaba previsto. Reino Unido planeó entre 2022 y 2024 enviar a Ruanda a migrantes llegados irregularmente, pero el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan porque Ruanda no podía considerarse un tercer país seguro. El Gobierno laborista lo declaró "muerto y enterrado" en 2024, tras haber desembolsado unos 700 millones de libras y haber trasladado solo a cuatro personas.

Italia intentó en 2024 llevar a centros administrados por Italia en Albania a migrantes interceptados en el Mediterráneo, pero los tribunales italianos bloquearon los internamientos. Dinamarca aprobó una ley en 2021 para enviar solicitantes de asilo a terceros países y negoció con Ruanda, pero congeló las conversaciones en 2023 ante las críticas de la Comisión Europea y organizaciones de derechos humanos.

Un nuevo marco jurídico

Hasta ahora, este tipo de deportaciones fracasaban porque los tribunales exigían algún vínculo personal del migrante con el tercer país de destino, como conocimientos del idioma, familiares allí o una estancia anterior. Una reforma del derecho europeo de asilo permite ahora deportar a personas a países donde nunca han estado, siempre que exista un acuerdo con ese país.

Otra base del proyecto es el reglamento europeo de retorno, acordado políticamente y aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026, aunque todavía debe ser adoptado formalmente por el Consejo. A diferencia de la normativa anterior, es un reglamento de la UE y no una directiva, por lo que será directamente aplicable en los países participantes.

Los nuevos planes tampoco contemplan trasladar a países extracomunitarios todo el procedimiento de asilo, como intentaron Reino Unido e Italia. Los centros de retorno funcionarían únicamente como estaciones de tránsito para personas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas mediante resolución firme.

Dudas sobre el control y los costos

Los partidarios esperan que este planteamiento reduzca los litigios relacionados con una protección de asilo permanente. Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional advierten, en cambio, de importantes riesgos. Cuestionan que puedan garantizarse una supervisión independiente, una asistencia jurídica efectiva y una atención médica adecuada. También temen que terceros países puedan deportar a estas personas a Estados de origen inseguros sin el debido examen.

La experiencia plantea además dudas económicas: la construcción y vigilancia de los centros y el transporte de las personas afectadas pueden costar cientos de millones de euros, mientras que el número de personas finalmente deportadas suele ser reducido.

(Con información de DW)