La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) denunció el pasado lunes “otro golpe, esta vez fiscal”, contra el cine independiente de la isla a causa de la Resolución 61 del Ministerio de Cultura de Cuba, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Oncuba publicó en su página de Instagram que la organización, no reconocida por la institucionalidad cultural cubana, sostiene en un comunicado que la nueva norma convierte al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) en un intermediario obligatorio que cobra permisos y trámites básicos, imponiendo tarifas que, según los realizadores, asfixian la creación y consolidan un mecanismo de censura económica.

Afirman que la Resolución 61 se considera una “ingeniería inversa de la censura”, tal y como ocurrió con el Fondo de Fomento cuando fue intervenido y reconfigurado, pues con la tarifa en cuestión se privatiza el acceso a espacios públicos y se burocratiza la producción.

OnCuba resaltó que durante casi dos décadas, los cineastas han reclamado la aprobación de una Ley de Cine que organice y potencie el ecosistema audiovisual cubano.

En lugar de esa legislación, las autoridades han emitido resoluciones y regulaciones sin un proceso amplio de consulta.

(Foto tomada de IPS).