El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda en Cuba introduce transformaciones que podrían marcar un antes y un después en el acceso, la gestión y el mercado inmobiliario de la Isla.

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Entre las propuestas más llamativas figura la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir viviendas en Cuba bajo determinadas condiciones, como realizar inversiones significativas en la economía nacional o requerir una residencia prolongada en el país por motivos médicos u otras causas justificadas.  

La normativa también reconoce nuevas modalidades habitacionales, entre ellas viviendas para adultos mayores, viviendas progresivas, alquileres temporales para jóvenes y proyectos inmobiliarios destinados a diversificar la oferta de alojamiento.    

Otro de los aspectos más novedosos es el impulso a la actividad inmobiliaria como vía para reducir el déficit habitacional y captar recursos financieros para la vivienda social. El texto prevé la participación de cooperativas, mipymes, inmobiliarias y otras formas de gestión en la construcción y rehabilitación de inmuebles.    

El proyecto mantiene el límite de hasta dos viviendas en propiedad por persona, sin contar la vivienda de descanso o veraneo, y establece sanciones para quienes incumplan esa disposición.  

Además, contempla beneficios para jóvenes de entre 18 y 30 años, madres y padres con tres o más hijos, personas en situación de vulnerabilidad y residentes en barrios precarios, quienes podrían acceder a subsidios, créditos, facilidades fiscales y programas especiales de vivienda.    

Aunque todavía se encuentra en fase de anteproyecto, la futura Ley de Vivienda busca actualizar un marco legal vigente desde hace décadas y abrir nuevas alternativas para enfrentar uno de los problemas sociales más complejos y persistentes de Cuba: la crisis habitacional.