El gobierno de Costa Rica anunció una nueva categoría migratoria especial para regularizar a miles de solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia que llevan años esperando una respuesta del Estado. La medida fue publicada esta semana por las autoridades costarricenses.

Según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la población potencialmente beneficiaria asciende a unas 10.480 personas. Sin embargo, al inicio de 2026 había más de 318.000 solicitudes de refugio pendientes de resolución en el país centroamericano, que cuenta con 5,2 millones de habitantes.

La decisión responde, según la resolución oficial, a que "un gran porcentaje de la población se encuentra en una situación de irregularidad, incertidumbre y vulnerabilidad" debido a la demora en la tramitación de sus expedientes.

Quiénes pueden acceder a la nueva categoría

La medida beneficia a quienes solicitaron refugio después de junio de 2014 y antes del 7 de mayo de 2026, incluyendo a aquellos a quienes ya se les había rechazado el estatus. Los interesados tendrán desde septiembre un plazo de un año para solicitar la nueva categoría, que les otorgará dos años prorrogables de estancia legal y derecho a trabajar.

Entre los perfiles afectados se encuentran periodistas, opositores políticos y ciudadanos que huyeron de sus países por diversas razones. Solo en 2025, Costa Rica recibió casi 29.000 nuevos solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia.

Un giro en la política migratoria

El anuncio sorprendió a organizaciones de defensa de migrantes, ya que el gobierno anterior, encabezado por Rodrigo Chaves (2022-2026), había adoptado posiciones restrictivas. Adam Álvarez-Calderón, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), calificó la medida como "oportuna y necesaria" y señaló que responde al reconocimiento de la "profunda mora" del sistema de refugio.

"Es un reconocimiento por parte del gobierno de la profunda mora que tiene el sistema de refugio, las dificultades para la pronta y eficaz resolución de los casos, y la irregularidad estructural de miles de personas", explicó Álvarez-Calderón.

El director del SJM señaló que la medida toma por sorpresa porque no se tenía conocimiento de que estuvieran avanzando en una iniciativa de este tipo, especialmente tras cuatro años de señales contradictorias y recortes de recursos a instituciones migratorias.

El factor Trump

La nueva política migratoria costarricense se produce en un contexto de medidas restrictivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Costa Rica ha recibido grupos de migrantes deportados desde EE.UU. y ahora busca regularizar a quienes se encontraban en situación de incertidumbre.

El gobierno de Laura Fernández, que asumió la presidencia el pasado 8 de mayo, no ha ofrecido una justificación oficial detallada más allá de la necesidad de reducir el atasco de solicitudes que arrastra la DGME.

Limitaciones de la medida

Álvarez-Calderón señaló algunos puntos débiles del decreto, como el requisito de presentar una constancia de antecedentes penales del país de origen, un documento difícil de obtener para muchos perseguidos políticos. También mencionó la imposibilidad de incluir a familiares directos en el beneficio.

Para muchos solicitantes, como el periodista nicaragüense Iván Olivares, que lleva casi cinco años esperando una respuesta, la medida llega después de un largo período de incertidumbre. Olivares cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha demostrado tener citaciones de la Fiscalía de Nicaragua por ejercer el periodismo, sin haber obtenido aún una resolución definitiva.

(Con información de El País)