El Gobierno cubano intensificó los controles sobre los equipos utilizados para mejorar la cobertura de telefonía móvil en viviendas y establecimientos, y advirtió que quienes utilicen amplificadores o repetidores sin autorización pueden enfrentarse al decomiso de los dispositivos y a sanciones económicas. El Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) reiteró que la importación y utilización de estos aparatos está prohibida en el país. Según las autoridades, los equipos generan interferencias en las redes celulares, provocan interrupciones en las llamadas y afectan la calidad del servicio para otros usuarios.

La advertencia se produce después de que Pablo Morales Concepción, director territorial de Control del MINCOM en Cienfuegos, reclamara reforzar la vigilancia en las comunidades para identificar a las personas que instalan estos dispositivos. También pidió incrementar los controles en las aduanas para impedir su entrada mediante equipajes y envíos internacionales.

El funcionario defendió incluso la participación de las estructuras locales en la identificación de los equipos instalados en viviendas y establecimientos.

La prohibición está recogida en la Resolución 1/2026 del MINCOM, publicada en mayo en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 66, que regula la importación de equipos de telecomunicaciones.

Por su parte, la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER) aseguró que dispone de sistemas de monitoreo capaces de localizar los amplificadores que generan interferencias y advirtió que adoptará las medidas correspondientes cuando detecte su funcionamiento.

La decisión genera cuestionamientos entre los ciudadanos, especialmente porque ocurre en medio de las constantes dificultades de conexión y cobertura que enfrenta ETECSA. Muchos cubanos recurren precisamente a estos dispositivos para conseguir señal en sus viviendas, ante las deficiencias de la infraestructura de telecomunicaciones y los problemas asociados a los apagones.

Aunque las autoridades argumentan que los repetidores pueden perjudicar las comunicaciones de otros usuarios, la medida vuelve a poner sobre la mesa el conflicto entre las restricciones oficiales y las alternativas que busca la población para mejorar su acceso a los servicios de telefonía móvil.