Una operación policial sin precedentes en Río de Janeiro dejó más de 70 personas muertas y cientos detenidas, según datos oficiales divulgados este martes. La acción, movilizada por unos 2 500 agentes en los complejos del Alemão y de la Penha contra la organización Comando Vermelho, fue descrita por el gobernador Claudio Castro como “una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana”.

Según reportes de la Policía Civil del estado, entre los fallecidos figuran cuatro agentes, mientras que organizaciones de derechos humanos estiman que el número total podría superar el centenar. La agencia Associated Press consignó que los cadáveres aparecieron “en filas en las calles” de barrios populares, y activistas denunciaron ejecuciones extrajudiciales.

El operativo contó con helicópteros, blindados, drones y más de 90 armas automáticas incautadas, apuntó la cobertura de BBC News Brasil; los enfrentamientos obligaron a cerrar más de 40 escuelas y transportar decenas de cuerpos a plazas públicas para su identificación.

Para la población local, la escena se transformó en una zona de guerra: vehículos quemados, barricadas en calles principales y temor generalizado por las represalias del crimen organizado. Mientras tanto, The Guardian alertó que el nivel de violencia registrado convierte la operación en la más letal en la historia de Río, superando incluso la chacina de Jacarezinho de 2021.

Defensores de derechos humanos y la Human Rights Watch reclamaron una investigación independiente, acusando a las fuerzas del estado de “uso excesivo de la fuerza” y advirtiendo que las víctimas podrían ser personas sin relación directa con el tráfico.

El Gobierno federal de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció la alerta y prometió supervisar la acción, aunque el Palacio do Planalto afirmó que no fue plenamente informado de los detalles previos. La crisis genera una doble agenda: por un lado el combate al crimen organizado, por otro la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la transparencia institucional.

Foto: Andre Coelho / EFE