Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana a Martiño Ramos Soto, profesor gallego condenado a 13 años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de una alumna menor de edad. El arresto se produjo tras meses de búsqueda internacional por parte de la Policía española y fue confirmado por fuentes de la Fiscalía en Galicia a El País. 

Ramos había huido de España el pasado verano antes de empezar a cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, fugándose vía Portugal, Brasil y Perú hasta llegar a Cuba, país con el que España no tiene tratado de extradición, lo que complicaba su localización. 

Las autoridades españolas consideran la detención un avance clave para la cooperación internacional, aunque expertos señalan que el proceso de extradición puede alargarse debido a la ausencia de convenio bilateral con Cuba. 

En redes sociales Ramos había aparecido trabajando como fotógrafo en Cuba bajo el alias “Martín Soto”, lo que facilitó su rastreo tras la publicación de imágenes por Instagram. 

Organizaciones de defensa de la infancia en España han valorado el arresto como “una señal de que no hay impunidad transnacional para los agresores”, pero advierten que la verdadera justicia requerirá su entrega y un proceso transparente.

El caso pone también en evidencia los retos de los estados en cooperación judicial: las víctimas exigen plazos y garantías. España y Cuba ahora deberán negociar el mecanismo de traslado o extradición, mientras se mantiene la vigilancia sobre el fugado.

Para Ourense, esta detención representa un cierre parcial de uno de los casos más mediáticos de violencia sexual docente en España, aunque la comunidad sigue atenta a los plazos y garantías del proceso.

La incógnita ahora radica en los siguientes pasos: ¿será extraditado Ramos? Y, ¿cómo asegurará el sistema de justicia que la condena española se ejecute con respeto a los derechos de las víctimas y del acusado?