El Departamento de Energía de Estados Unidos declaró una emergencia eléctrica en la región operada por PJM para evitar cortes de suministro entre el 13 y el 16 de octubre de 2026. La red abastece a más de 65 millones de personas en 13 estados y el Distrito de Columbia, y la demanda proyectada para esos días superaba los 111.500 MW con una disponibilidad de generación al límite.

La orden fue firmada el 12 de octubre por el secretario de Energía, Chris Wright, y activa poderes excepcionales que permiten operar centrales por encima de sus límites habituales y ordenar el encendido de generadores de respaldo en grandes consumidores —como centros de datos e instalaciones industriales— como herramienta de último recurso para evitar cortes forzosos.

La medida rige del 13 al 16 de octubre de 2026 y puede renovarse si las condiciones de emergencia persisten antes de su vencimiento.

Los 13 estados y el distrito federal bajo el alcance de la orden

La emergencia rige en todo el territorio que opera PJM Interconnection, LLC, el mayor operador de red eléctrica de Estados Unidos:

· Delaware

· Illinois

· Indiana

· Kentucky

· Maryland

· Michigan

· Nueva Jersey

· Carolina del Norte

· Ohio

· Pensilvania

· Tennessee

· Virginia

· Virginia Occidental

· Distrito de Columbia

Las zonas con mayor riesgo dentro del sistema son las correspondientes a BGE, PEPCO y Dominion —las tres principales distribuidoras de la región: BGE (Baltimore Gas and Electric) abastece Baltimore y sus alrededores en Maryland; PEPCO (Potomac Electric Power Company) sirve al área metropolitana de Washington D.C.; y Dominion Energy opera en gran parte de Virginia y Virginia Occidental—.

Por qué se declaró la emergencia

La presión sobre el sistema no responde a una sola causa. Según el documento firmado por Wright, confluyen cuatro factores:

· Una demanda eléctrica elevada para la época del año.

· Una alta tasa de centrales fuera de servicio por mantenimiento de otoño.

· Trabajos programados en líneas de transmisión.

· Restricciones para transferir energía desde sistemas vecinos.

PJM estimó que el 14 de octubre podría operar a apenas 900 MW de su margen de reserva mínimo, con 61.591 MW de generación fuera de servicio en toda su red.

Qué autoriza la orden y qué queda fuera de su alcance

La norma otorga a PJM dos herramientas. La primera es despachar centrales específicas por encima de sus límites operativos habituales, solo cuando resulte necesario para sostener la red.

La segunda autoriza a PJM a ordenar el uso de generación de respaldo en grandes consumidores —centros de datos, instalaciones industriales y comerciales— como última alternativa antes de declarar una alerta EEA 3, es decir, antes de los cortes programados de suministro. Esos generadores pueden ser de cualquier tipo: auxiliares, baterías, sistemas directamente conectados a la red o no.

La orden establece una exclusión explícita: no aplica a los generadores de respaldo de instalaciones críticas como hospitales, centros de emergencias 911, control de tráfico aéreo, defensa nacional, plantas de agua y gasoductos. Sus generadores quedan reservados para el uso propio de esas instalaciones.

Qué es una alerta EEA 3 y por qué importa evitarla

El sistema de alertas de emergencia energética de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) tiene tres niveles. El nivel 3 —EEA 3— es el más grave: significa que la red está al borde de no poder cubrir la demanda, lo que habilita cortes programados de suministro para proteger la integridad del sistema.

Antes de llegar a ese punto, la norma exige agotar todas las alternativas: poner en línea toda la generación disponible, activar programas de reducción de consumo y revocar exportaciones de energía comprometidas. El uso de generadores de respaldo en grandes consumidores es una de esas alternativas previas, no una medida automática.

El costo ambiental, acotado por ley

La orden reconoce que forzar la operación de centrales adicionales puede significar emitir más gases contaminantes de lo que sus permisos ambientales permiten —dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y amoníaco, entre otros—. Para limitar ese impacto, la ley obliga a que la excepción dure solo lo indispensable y respete, en la medida de lo posible, la normativa ambiental vigente.

Hay además una salvaguarda técnica: lo que se emita durante estos cuatro días no sumará al historial acumulado de cada central, que es el dato que los reguladores usan para determinar si una planta cumple o viola su permiso. En la práctica, significa que las centrales no quedarán en infracción permanente por haber operado al límite durante la emergencia.

(Con información de Infobae)