En el cuarto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra Miguel Díaz-Canel, actual presidente y primer secretario del Partido Comunista, por su presunta implicación en violaciones graves de los derechos humanos.

Se trata de la primera vez que Díaz-Canel es objeto de sanciones por parte de Washington. Hasta ahora, había evitado medidas similares durante los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden. Junto a él, también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Las sanciones incluyen la prohibición de entrada a Estados Unidos tanto para los funcionarios señalados como para sus familiares directos. La medida se adoptó en virtud de una disposición de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que inhabilita para el ingreso a territorio estadounidense a quienes estén involucrados en casos significativos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

“Estados Unidos nunca olvidará la tenacidad del pueblo cubano hace cuatro años al exigir libertad y un futuro libre de tiranía”, declaró una funcionaria del Departamento de Estado al diario Miami Herald, subrayando el compromiso de continuar exigiendo responsabilidades por actos represivos.

Adicionalmente, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a varios funcionarios del sistema judicial y penitenciario cubano, acusados de estar vinculados a detenciones arbitrarias y torturas tras las protestas de julio de 2021. Los nombres no fueron revelados por tratarse de medidas adoptadas bajo una autoridad migratoria que exige confidencialidad.

Como parte del anuncio, también se amplió la lista de propiedades restringidas en Cuba. Once hoteles fueron agregados a la relación de alojamientos prohibidos, en su mayoría instalaciones recientes ubicadas en La Habana y relacionadas con entidades del sector estatal y militar, como el conglomerado GAESA. Entre los nuevos incluidos destaca el hotel Torre K.

En una medida similar tomada en 2019, el Departamento de Estado sancionó a Raúl Castro y sus hijos. Sin embargo, en esta ocasión, las sanciones recaen sobre el presidente en funciones, lo que probablemente limitará su participación en foros internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asistió en 2018 y 2023.

(Con información de El Nuevo Herald)