El expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de 70 años, comenzó este martes a cumplir la condena de 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, según confirman fuentes oficiales del tribunal y medios como El País. El fallo, emitido por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) por mayoría 4-1, reconoce delitos como intentos de subvertir el orden constitucional, liderar organización criminal y dañar bienes públicos.

Bolsonaro, que estaba bajo arresto domiciliario en Brasilia desde agosto, fue trasladado a la sede de la Policía Federal, donde ocupa una celda de aproximadamente doce metros cuadrados en régimen cerrado, debido a “riesgo elevado de fuga”, ya que había manipulado la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, indica InfoLibre.

Financial Times señala que junto a Bolsonaro fueron detenidos altos mandos militares y civiles implicados, consolidando lo que muchos analistas califican como el punto de inflexión para la estabilidad democrática brasileña. La defensa solicitó prisión domiciliaria alegando problemas de salud, pero el tribunal rechazó la petición alegando que la pena debía ser cumplida en régimen máximo sin beneficios iniciales.

Organizaciones de derechos humanos valoran el inicio del cumplimiento como una respuesta al desafío institucional generado en 2023 por el asalto al Palácio do Planalto, pero también advierten que la longevidad de la condena y la falta de claridad en los beneficios podrían generar tensión política. Un documento del STJ brasileño recuerda que el máximo de tiempo en prisión efectiva son 30 años, pero el régimen contempla que tras seis años puede optarse a semilibertad.

El hecho de que un expresidente comience a cumplir una condena tan importante en una democracia latinoamericana marca un hito simbólico. Brasil entra en 2026 con un panorama político desafiado y polarizado, mientras el bolsonarismo, aunque debilitado, aún moviliza apoyos. La atención ahora se centra en su traslado definitivo y posibles negociaciones entre poder judicial, ejecutivo y legislativo para los próximos años.