Dos importantes compañías marítimas con sede en Florida, Crowley Maritime Corporation y Seaboard Marine, cerraron pactos confidenciales en tribunales federales para resolver demandas vinculadas al uso de la terminal de contenedores del puerto de Mariel, al oeste de La Habana. Los acuerdos fueron tramitados en la Corte del Distrito Sur de Florida y revelados recientemente por el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, según informó la agencia EFE.

Las demandas fueron presentadas por Odette Blanco de Fernández, una ciudadana cubanoamericana que reclama derechos sobre terrenos en la zona portuaria que, según su denuncia, fueron expropiados por el gobierno cubano en 1960, tras el triunfo de la Revolución. La demandante acusó a ambas navieras de "traficar" con propiedades confiscadas al operar y obtener beneficios comerciales en la terminal.

El Título III de la Ley Helms-Burton, el arma legal

Estos litigios se basan en el Título III de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley Libertad, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras que se beneficien de propiedades nacionalizadas en Cuba después de 1959. Esta disposición había permanecido suspendida desde la aprobación de la ley en 1996, hasta que el presidente Donald Trump la activó en 2019 durante su primer mandato.

Según las acusaciones, Crowley habría enviado durante años buques con contenedores directamente al puerto de Mariel o participado en operaciones comerciales vinculadas a la terminal. En el caso de Seaboard Marine, la demanda sostiene que mantiene actividades en la zona al menos desde mayo de 2019.

Los terrenos en cuestión formaban parte de una concesión otorgada a la familia Blanco Rosell para desarrollar y operar infraestructuras portuarias en la bahía de Mariel, incluyendo muelles y almacenes.

Un goteo de acuerdos y más demandas en curso

La noticia se conoce pocos días después de que trascendieran acuerdos similares alcanzados por Iberostar y American Airlines en litigios promovidos bajo la misma legislación. Desde la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, se han presentado al menos 46 demandas contra 84 empresas, organizaciones e individuos, según cifras del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba.

Uno de los casos más relevantes es el que analizará este año la Corte Suprema de Estados Unidos contra las compañías de cruceros Carnival Corporation, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, por operaciones en un muelle de Cuba reclamado por la firma Havana Docks.

El aumento de este tipo de litigios ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó recientemente nuevas sanciones dirigidas a empresas y personas extranjeras con vínculos comerciales con la isla.

(Con información de OnCuba News)