En redes ha sido noticia este fin de semana el cierre de la mipyme D’Soto S.U.R.L. por autoridades de la provincia de Matanzas. Esta empresa está vinculada al exdeportista Javier Sotomayor.

El cierre se debe a una deuda fiscal millonaria, que asciende a más de 8 millones de pesos, según lo detectado por una auditoría. Específicamente, la cifra es de 8.632.820 CUP, que generó un perjuicio para las finanzas públicas. 

La Tijera compartió en su perfil de Facebook que esta empresa privada adeuda nueve millones de pesos cubanos (CUP) a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en la provincia, y que, con esta medida adoptada por el gobierno, queda en una situación legal delicada el administrador del negocio, Dariel Sotomayor Rivero, quien es hermano menor del exatleta y podría enfrentar cargos por evasión de impuestos debido a su papel como responsable de la entidad. 

Te podría interesar: No desaparecerán las cuentas en MLC de los clientes en bancos cubanos

¿A qué se dedicaba esta mipyme? D’Soto operaba en el sector de la panadería, se especializaba en la producción artesanal de pizzas. Fue registrada oficialmente en el Ministerio de Economía y Planificación el 24 de marzo de 2022 con el número 2570. Su sede estaba en Limonar, Matanzas.

Se consideraba como una de las principales Mipymes en Matanzas y mantenía acuerdos de arrendamiento con múltiples entidades estatales, tanto en esa provincia como en La Habana. 

La decisión de cerrar la mipyme surgió tras una inspección llevada por la ONAT y que duró tres meses. De acuerdo con La Tijera, Dariel Sotomayor expresó su inconformidad y disgusto en Facebook, en un mensaje que actualmente no se encuentra disponible, y aunque evitó responsabilizar al gobierno, afirmó: “Mi conclusión no es el país, ni el sistema, ni el gobierno, el tema son las personas y sobre todo uno mismo quien es que decide qué hacer y dónde quiere estar”. 

Anteriormente, otro negocio propiedad de los Sotomayor enfrentó problemas legales. El Bar 245, ubicado en Miramar, fue cerrado, ya que la ONAT de la capital cubana determinó que el establecimiento acumulaba una deuda superior a 50 millones de CUP. También vincularon al negocio con actos ilícitos como corrupción, tráfico de drogas y prostitución.