La nueva decisión de Donald Trump en su ataque contra los inmigrantes en Estados Unidos, es la aplicación de una multa de 998 dólares al día a aquellos que con ordenes de deportación activas, hasta que decidan abandonar el país. 

De acuerdo con Reuters, las multas serían posibles gracias a una ley de 1996, que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando el presidente multó a nueve migrantes que buscaban refugio en una iglesia. Dichas multas podrían ser retroactivas hasta por cinco años.  

Recomendamos: Autoridades americanas firman acuerdo para compartir datos de contribuyentes que lleven a deportaciones

La agencia señala que, si bien el plan no ha sido anunciado de manera formal, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), confirmó que, en efecto, el presidente tiene en mente un plan para imponer multas.

Quienes no paguen la sanción diaria de 998 dólares también corre el riesgo de que las autoridades confisquen su propiedad. Cerca de 1,4 millones de migrantes cuya expulsión ya ha sido ordenada por un juez de inmigración podrían ser sancionados bajo la nueva estrategia del Gobierno del republicano.

Según El País, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya advirtió de las multas en una publicación en redes a finales del mes pasado, en la que instaba a los migrantes a autodeportarse a través de CBP Home, anteriormente conocida como CBP One bajo la Administración de Joe Biden, que ahora incluye una herramienta para que sus usuarios entreguen sus datos personales a las autoridades migratorias y salgan de manera voluntaria del país. Una de las consecuencias anunciadas de no utilizar la aplicación, era la citada multa.

Tras acceder a corres electrónicos y documentos internos, Reuters confirmó los planes de la administración de Trump de cobrar la multa, y como reporta la agencia de noticias, la Casa Blanca ha presionado al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para que se ocupe de la cuestión de las sanciones, la confiscación de bienes de los inmigrantes que no paguen y la venta de sus activos. 

Sin embargo, aún no se sabe cuándo comenzará el Gobierno a cobrar las multas, pero según indican tanto El País, como Reuters, un memorando mostraba que el CBP no tiene capacidad para administrar las sanciones y gestionar las incautaciones y que asignar a la agencia esta tarea podría acarrear costes significativos.