El gobierno de Estados Unidos se alista para una de las mayores cancelaciones de visados de la historia, que podría afectar a hasta 200.000 extranjeros que ingresaron al país con permisos de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

La medida, que el Departamento de Estado planea anunciar en las próximas semanas, apunta a los visados B1 y B2 emitidos entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan iniciado o estén gestionando un proceso de asilo, según documentos oficiales obtenidos por Associated Press y confirmados por dos funcionarios estadounidenses.

Visados de turismo y negocios bajo la lupa

Los visados B1, utilizados para viajes de negocios, y los B2, destinados a turismo, visitas familiares o atención médica, exigen a sus solicitantes declarar que no tienen intención de pedir asilo y que planean regresar a sus países de origen.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y cancelar estos permisos, aunque evitó precisar el número exacto de afectados, señalando que el proceso será progresivo.

Quienes sean alcanzados por la revocación no serán deportados de forma inmediata, pero perderán su estatus como viajeros temporales.

Endurecimiento progresivo de la política migratoria

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha ido endureciendo las condiciones para los solicitantes de visado. Entre las medidas adoptadas se incluyen la exigencia de mayor información sobre actividad en redes sociales, el cobro de fianzas elevadas y la prohibición de visados para ciudadanos de ciertos países.

En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ya ha anulado unos 175.000 visados a personas con antecedentes penales o que se han manifestado públicamente contra políticas de Estados Unidos. La administración también ha intensificado su ofensiva contra el llamado "turismo de nacimiento".

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó en X que "la gente está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas" y defendió que este recurso "no debería ser una vía para eludir las leyes migratorias".

(Con información de El Mundo)