Un memorando del gobierno estadounidense al que tuvo acceso la CBS News, y la confirmación de dos funcionarios, reveló que la nueva administración de Trump ordenó la puesta en pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania, que entraron de manera legal al país beneficiados con ciertos programas migratorios.

A partir de este momento, miles de personas que pensaban regularizar su estatus, ya sea presentando casos de asilo político, a través de amparos familiares o acogiéndose a algún tipo de ley que les permita el cambio a la residencia, quedan completamente imposibilitados de seguir adelante con sus procesos.

En el memorando del 14 de febrero que salió a la luz pública en la noche del pasado martes, Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ordenó la pausa administrativa de todas las “solicitudes de beneficios pendientes” en la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Se trata aparentemente de una suspensión temporal indefinida, según informó el diario El País.

Los programas cuyos beneficiarios se encuentran afectados son tres: el del parole humanitario que permitió la entrada de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos que podían acceder a la residencia a través del vínculo con familiares naturalizados en Estados Unidos, y el programa “Unidos por Ucrania”, que ofreció refugio a alrededor de 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.

El fraude fue el motivo por el que los republicanos echaron mano en contra de este tipo de programas nuevamente, pero se dejó saber por el alto funcionario que la detención podrá ser levantada cuando se lleve a cabo una “revisión y evaluación en el país de los extranjeros que son o fueron puestos en libertad condicional en Estados Unidos en virtud de estos programas”.

Aún queda por ver qué sucederá con las miles de personas que tienen protección y permiso de trabajo por dos años, y aspiran a alcanzar algún tipo de estatus legal, como ocurre con los cubanos que luego de un año en el país pueden beneficiarse con la Ley de Ajuste Cubano y la consecuente obtención de la Tarjeta Verde.

Desde inicios de este mes se conoció acerca de la posible revocación del estatus legal a las personas que Biden permitió entrar al país con parole y que ahora podrían estar sometidas a un “proceso de deportación si no han solicitado, u obtenido, otro beneficio de inmigración”.

La Administración de Trump ratifica una vez más que bajo su gestión cualquier inmigrante puede estar en peligro.

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(Foto tomada de aCuba)