Un tribunal federal de apelaciones limitó este jueves la política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump al establecer que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede mantener detenidos a migrantes durante más de 90 días sin ofrecerles la posibilidad de solicitar su libertad bajo fianza. La decisión, adoptada por dos votos contra uno por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, podría beneficiar a miles de personas retenidas en centros de detención ubicados en Texas, Luisiana y Misisipi.

La mayoría del panel determinó que, aunque el gobierno puede mantener detenidos a ciertos inmigrantes mientras avanzan sus procesos de deportación, la Constitución exige que quienes permanezcan bajo custodia durante periodos prolongados tengan la oportunidad de solicitar su liberación mediante una audiencia de fianza. "Parte de la majestuosidad histórica de esta antigua carta fundacional radica en que no hace excepciones a la hora de otorgar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras", escribió el juez Leslie Southwick en la opinión mayoritaria.

El origen del litigio

El caso se originó a raíz de una reinterpretación de la ley migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2025. Durante décadas, la detención obligatoria sin derecho a fianza se aplicó principalmente a personas detenidas al ingresar al país o poco después de cruzar la frontera. Sin embargo, la Administración Trump amplió esa interpretación para incluir también a inmigrantes arrestados en el interior de Estados Unidos, incluso si llevaban años o décadas viviendo en el país mientras enfrentaban procedimientos de deportación.

El Quinto Circuito no anuló esa interpretación legal, pero sí estableció que una detención que supere los 90 días requiere ofrecer al inmigrante una audiencia para solicitar su liberación. Los magistrados tampoco definieron cómo deberán realizarse esas audiencias ni qué criterios deberán aplicarse, señalando que esos aspectos probablemente deberán resolverse en futuros litigios.

Impacto inmediato

La resolución podría influir de inmediato en cientos de casos pendientes en Texas y en miles de inmigrantes detenidos dentro de la jurisdicción del Quinto Circuito, una de las regiones con mayor número de centros de detención migratoria del país. La mayoría destacó que muchas de las personas afectadas por la política de detención obligatoria no tienen antecedentes penales y cuentan con vínculos establecidos en Estados Unidos, factores que reducen el riesgo de fuga o de representar un peligro para la comunidad.

El juez Cory Wilson emitió un voto disidente al sostener que la decisión reduce la autoridad que el Congreso tiene sobre la política migratoria y que la jurisprudencia de la Corte Suprema no obliga al gobierno a conceder audiencias de fianza en estos casos.

El Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con la decisión y aseguró que mantiene confianza en la legalidad de su interpretación sobre la detención obligatoria. La Administración Trump ya ha pedido a la Corte Suprema revisar otro caso relacionado con esta política, por lo que se espera que el máximo tribunal termine definiendo el alcance de la detención obligatoria y de las protecciones constitucionales aplicables a los inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación.

(Con información de El País)