Un informe presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas por el Relator Especial Pedro Arrojo Agudo insta a decretar una moratoria mundial en la construcción de nuevos centros de datos, argumentando que su expansión indiscriminada, impulsada por la inteligencia artificial y las criptomonedas, conlleva demandas de agua y electricidad insostenibles para los ecosistemas y las poblaciones más vulnerables.

El documento, titulado “El nexo entre el agua y la energía”, analizado por El País, alerta que el crecimiento acelerado de estos complejos infringe derechos humanos al drenaje de recursos hídricos, especialmente en lugares con sequías recurrentes o escasez energética. Arrojo advierte que “nos hemos embarcado en un suicidio anunciado” si no se estabilizan las reglas de expansión tecnológica.

Según el informe, ese modelo industrial ya exige volúmenes crecientes de agua para enfriamiento —se proyecta que en EE. UU. para 2027 la demanda podría alcanzar entre 4 200 y 6 600 millones de m³ al año— y consumir hasta el 12 % de la electricidad nacional en escenarios más ambiciosos.

Una cobertura técnica de Wired respalda la urgencia de detener la expansión cuando advierte que muchos de estos proyectos operan en países con poca transparencia regulatoria y sin estándares globales confiables para medir su huella hídrica o energética.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha emitido directrices para mitigar el impacto ambiental de centros de datos, como eficiencia energética, refrigeración avanzada y manejo responsable del agua. Pero esas recomendaciones solo contienen soluciones parciales, no moratorias directas.

Otro contraste clave: el secretario general de la ONU, António Guterres, ha urgido previamente que estas infraestructuras sean alimentadas por fuentes renovables al 100% para 2030, una meta que muchos proyectistas ven como necesaria frente al auge tecnológico.

La exigencia del relator busca que los gobiernos regulen, exijan transparencia y limiten la construcción indiscriminada hasta que se evalúen riesgos reales sobre el agua y la energía. Dado que el informe no es vinculante, su propósito es provocar un debate global urgente sobre sostenibilidad tecnológica que incluya derecho humano al agua, justicia ambiental y gobernanza del crecimiento digital.