El 1º de agosto entró en vigor en la UE la Ley de Inteligencia Artificial para regular los sistemas que posibilitan actuar de manera más concisa y eficiente que los seres humanos en muchos espacios e incitar a la innovación pero a su vez conllevan a importantes riesgos que hay que prevenir. La norma busca impulsar la excelencia y la creación tecnológica asegurando, siempre, la protección de los derechos humanos.

Cinco claves primordiales de la norma:

Objetivos: Establecer un marco jurídico armonizado en la UE para el desarrollo, la comercialización, la puesta en marcha y el uso de los sistemas de IA, un área que trae muchos beneficios pero también conlleva perjuicios. De la misma manera, busca impulsar la innovación y hacer de Europa líder del sector.

A quién se aplica: A los proveedores de sistemas de IA que ofrezcan servicios o comercialicen dentro de la UE, o cuya salida se utilice en la UE, con independencia de su origen. Asimismo, a las personas que explotan esos sistemas, o sea, los usuarios.

La nueva ley hace énfasis en la transparencia. Las empresas deben informar a los usuarios cuando estén interactuando con un sistema deIA, ya sea en llamadas telefónicas o donde intercambien chatbots.

Tipos de sistemas de IA: La ley establece cuatro tipos de sistemas: prohibidos, de alto riesgo, con requisitos de transparencia y de propósito general.

En los prohibidos se incluyen aquellos que manipulen el comportamiento humano o exploten las vulnerabilidades de las personas.

Multas: Se modularán según las circunstancias . Están en un rango que va desde los 35 millones o el 7% del volumen global del negocio hasta los 7,5 millones de euros.

Fases en la aplicación de la nueva ley: Será de plena puesta en práctica veinticuatro meses después, con excepción de las prohibiciones de prácticas, que se aplicarán en febrero de 2025. En agosto de 2025 empezarán a aplicarse las normas para los modelos de uso generalista como ChatGPT, y un año después se aplicará la ley de manera general, salvo algunas disposiciones. Las obligaciones para los sistemas de alto riesgo comenzarán a aplicarse 36 meses después, en agosto de 2027.