Según un reporte de la BBC, el Gobierno del Reino Unido solicitó al gigante tecnológico estadounidense Apple acceso a los datos encriptados en la nube de sus usuarios en todo el mundo.

La información fue inicialmente publicada por The Washington Post en Estados Unidos, y la BBC no tardó en compartir fuentes propias. Ambos medios señalan que el Ministerio del Interior de Londres envió a la compañía en enero un “aviso de capacidad técnica” confidencial, en él ordenaba facilitar ese acceso al amparo de la ley británica de Poderes de Investigación.

La agencia española EFE reporta que esa legislación de 2016 autoriza a las fuerzas del orden a obligar a las empresas a colaborar cuando necesiten recopilar pruebas ante la sospecha de delitos, siempre siguiendo un riguroso proceso legal establecido. 

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Añade que, actualmente, solo el titular de la cuenta de Apple, ni siquiera la propia corporación, puede acceder a su contenido almacenado bajo el servicio de ‘protección avanzada de datos’ (ADP, e inglés), si bien, muchos usuarios no lo tienen activado, ya que, si por cualquier motivo pierden el acceso a su cuenta, el cifrado adicional significa que ya no pueden recuperarlo.

Los medios indican que el Gobierno solo querría acceder a los datos de sospechosos si existiera un riesgo para la seguridad nacional y, en ningún, caso para una vigilancia masiva. Por su parte, el Ministerio del Interior declaró a la emisora que no comentará «sobre cuestiones operativas, lo que incluye, por ejemplo, confirmar o negar la existencia de tales avisos».

De parte de Apple no ha habido declaraciones, pero anteriormente  ha indicado que, antes que cumplir con ese tipo de exigencias, eliminaría el servicio de encriptado del mercado del Reino Unido.

Apple, históricamente comprometida con la protección de la privacidad de sus usuarios, se encuentra en una encrucijada. Aunque la empresa podría apelar la orden ante un juez y un panel técnico secreto, el proceso de apelación no suspendería la obligación de cumplir con la exigencia.

Organizaciones como NSPCC, de protección de la infancia, denuncian que detrás del cifrado se ocultan los perpetradores de abuso infantil, entre otros delitos y otras entidades, como Privacidad Internacional, consideran el acceso del Estado a los datos encriptados un ataque sin precedentes contra la intimidad del individuo.